Desde hace ya un tiempo venimos acostumbrados a observar la progresiva
privatización de algunos servicios públicos, o la pretensión de colocarlos en
manos privadas. Seguramente, el hecho más conocido por todos es la intención,
por parte de la Comunidad de Madrid, de privatizar o, como dicen los entendidos
del liberalismo, la externalización de la gestión de hospitales. Sin lugar a
dudas el PP está aprovechando los presupuestos para introducir una
disposición que permite el fin de la gestión pública directa en los hospitales.
También, hemos sido testigos de las diferentes movilizaciones, la llamada
marea blanca, que ha echado un pulso a los padres de la ley de privatización
sanitaria. Lo cierto, y es que a pesar de las supuestas ventajas de dicha
privatización, nadie ha puesto sobre la mesa datos y cifras fiables que
respalden esta afirmación.
En este juego de intereses entra en escena la famosa empresa Capio, compañía
sanitaria líder en gestión de hospitales, que en 2005 fue rechazada por Cruz
Roja como compradora de sus clínicas, y que pretende ganar para sí la gestión
de algunos centros sanitarios.
Ante estos acontecimientos uno puede hacerse varias preguntas retorcidas y
con muy mala intención: ¿estas empresas privadas gestoras de un servicio
público pueden endeudarse como cualquier empresa privada? ¿Dónde queda entonces
el control de gasto? Otra cuestión importante, si los hospitales
fueron construidos en un suelo público ¿por qué se cede su gestión a una
entidad privada para convertirlo en un centro privado? ¿Es legal?
La famosa compañía Capio pertenece a un opaco fondo de inversión llamado
CVC, que lógicamente como buenos tiburones de los negocios, buscan rendimientos
a sus inversiones. Sabemos además que ya dirige varios hospitales de la sanidad
pública y que, atención, tiene su sede en el tercer paraíso fiscal más opaco
del mundo: Luxemburgo. Capio recibe el 25% de sus ingresos proceden de la
sanidad privada, a través de aseguradoras como Adeslas, Mapfre y Sanitas; y el
75% restante lo obtiene de la sanidad pública gestionada por gobiernos
regionales.
Ciertamente, la privatización del sistema público de salud español que
planean el Gobierno de Rajoy y el PP se está llevando a cabo con un gran
oscurantismo, sin transparencia alguna, algo de lo que presumen.
En cualquier caso, resulta chocante y muy complicado entender cómo una
empresa privada puede gestionar un servicio público tan básico como la sanidad
sin tener ninguna pretensión de sacar beneficios, tan sólo de hacer eficaz su
gestión. Ello supone también, no olvidemos, menospreciar la gestión pública de
los servicios, que en muchos casos ciertamente no son los mejores, pero creo
que también tiene mucho que ver la injerencia de la política en todos los
ámbitos de la gestión.
Por otro lado, y referido así mismo a la sanidad, nos encontramos con otro
hecho sonrojante, y es que se temía la exclusión de un colectivo de la
asistencia sanitaria: el de los inmigrantes sin papeles. Recientemente hemos
conocido la noticia de que el Tribunal Constitucional ha avalado la
atención sanitaria universal, algo que aparece recogido en la Constitución, ese
libro de ficción del que tanto hablan algunos, de inspiración divina e
intocable. Por tanto, las aspiraciones del ejecutivo de Rajoy parecen haberse
frenado, al menos en este asunto.
Como decimos, uno de los puntos clave de la reforma sanitaria que el
Gobierno aprobó en abril es la exclusión de la asistencia normalizada de los
extranjeros en situación irregular. Un punto que, por ejemplo, el gobierno de
Euskadi trató de sortear con un decreto que fue recurrido ante el
Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy.
Y es que,
pretender retirar la tarjeta de atención sanitaria a ciertos inmigrantes
llamados ilegales, como si algunas personas fueran más legales que otras, a
todas luces parece una medida más propia de un gobierno de extrema derecha. .
Con la excusa del
“turismo sanitario” el gobierno pretendía cobrar unas cantidades de
dinero desorbitadas a los inmigrantes en situación irregular que requiriesen
una atención sanitaria. Así es como el gobierno pretende garantizar el acceso a
la sanidad de todos los seres humanos que habitan el Reino de España.
Y si no teníamos
suficiente con todas estas medidas tan ocurrentes, a mayores tenemos que
tragar, porque la realidad así se lo impone al gobierno, con el copago o repago
farmacéutico, el famoso euro por receta aplicado en algunas comunidades y el
pago por el traslado en ambulancia para los casos no urgentes a los hospitales,
como si de taxis se tratasen. Ante estas medidas he de descubrirme ante
nuestros políticos, que se ven obligados también por los presupuestos “más
sociales de la historia de la democracia” a tomar medidas impopulares por el
interés general, así, sin tapujos y sin vergüenza torera.
Existe una corriente de pensamiento bastante crítica que afirma que todo este asunto de las privatizaciones de
servicios y prestaciones hunde sus raíces en algo mucho más profundo que la
crisis actual. La destrucción del llamado Estado de Bienestar está estrechamente relacionado con el escenario actual donde el capitalismo no tiene ninguna alternativa
que lo cuestione. Me refiero a que, después de la II Guerra Mundial, cuando la
mayor parte de Europa estaba devastada por la guerra, los países capitalistas y
liberales van a tratar de reflotar sus estados con el miedo del contagio
comunista, como había sucedido en Europa del Este. Este miedo de los países
capitalistas les va a llevar a jugar la baza del Estado de Bienestar, es decir,
el Estado va a mostrar a su población todas las bondades del capitalismo a
través del ofrecimiento de servicios y prestaciones sufragados por las arcas
públicas ,que el bloque comunista parecía no ofrecer.
Si entendemos que una
población hundida, mísera, pobre no recibe el suficiente apoyo del estado,
puede echarse fácilmente en brazos de un
partido político con un discurso radical, contestatario y que ponga sobre la
mesa una alternativa socialista. Precisamente por ese miedo a que el sistema
capitalista pueda venirse abajo, los estados van a engatusar al pueblo mediante
el Estado de Bienestar.
Cuando en 1991 desaparece el "peligro" comunista,
desaparece también una alternativa al capitalismo, y por tanto, el Estado de
Bienestar se convierte en algo innecesario. Desde entonces hasta ahora hemos
visto como estos Estados capitalistas y por mandato de los superpoderosos del "mundo libre", es decir, los que poseen las grandes fortunas, las multinacionales, los bancos, han ido privatizando diferentes servicios
como telecomunicaciones, energéticos,… hasta llegar a donde nos encontramos
donde se pretende privatizar la sanidad y la educación. Porque como ya dijo algún pensador hoy día "innombrable": del capitalismo de libre competencia es muy fácil dar el salto al capitalismo de concentración de la producción en empresas cada vez más grandes, y de ahí es mucho más sencillo pasar al monopolio. Hoy día, son los grandes monopolios del capitalismo los que cabalgan sin freno, nadie les cuestiona, ni los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni los ciudadanos, alienados, somnolientos y perplejos por el espectáculo de ilusionismo barato que les ofrecen; y, por tanto, se permiten el lujo de exigir y justificar estas privatizaciones.
Por ello, seguramente lo lógico sería extender y fomentar la cultura de la crítica, del pensamiento propio y no el de la resignación. Estas oleadas de privatizaciones no nos van a devolver un mundo mejor, no nos van a devolver por gracia de ningún dios un bienestar mayor. Apelemos pues al sentido del ciudadano, de la mayoría para frenar esta barbarie.
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